La declaración la ofreció el parlamentario al término de la reunión ordinaria del ente a su cargo, quien agregó que el documento no contiene modificaciones sustanciales a lo aprobado el día anterior  por el Parlamento. Indicó que el objetivo central está orientado hacia una reforma puntual, con redefiniciones sobre los términos especulación y acaparamiento,  que tocará, no sólo  a los artículos y servicios declarados de primera necesidad, sino  también abarcará a los bienes y servicios generales de utilidad para la sociedad.

En tal sentido, aseguró el diputado Isea que cualquier manipulación de precios, remarcaje, acaparamiento u otro ilícito económico que restrinja la libre circulación de los bienes y servicios que requiere la población, será considerado como especulación y acaparamiento, por lo tanto, objeto de sanciones.

Preciso que las  mismas serán aplicables en proporción a la falta, pero  con la novedad, acotó, que el ejecutivo ahora estará facultado para intervenir de inmediato, tal como ocurrió con la expropiación de los Hipermercados Éxito.

Explicó que en este caso, el Ejecutivo nacional inició el referido proceso, pero ahora la completará, una vez sancionada la reforma a la ley, aunado a que en la plenaria del martes 19, también fue aprobada la declaratoria de utilidad pública y de interés social del mencionado hipermercado, así como con las instalaciones del Centro Comercial Sambil La Candelaria, decisiones a través de las cuales fortalecían el proyecto Comerso que impulsa el gobierno nacional.

Precisó que el referido proyecto tendrá una incidencia en el sector de la comercialización y distribución de bienes esenciales para la población, con lo cual debilitarán la capacidad manipuladora de cierto sector empresarial, del cual dijo, “no son todos los comerciantes”, y acotó “es un sector que estaba concentrado en la especulación  y prácticas desestabilizadoras”.

Destacó Isea que quienes cumplan con la ley, aquellos que “no especulen, ni acaparen”, no tendrán por que temer a la normativa, ya que las medidas a imponer estaban diseñadas para castigar ilícitos económicos, especulación, acaparamiento, boicot, remarcaje, etc.

Puntualizó que una vez aprobada y publicada en gaceta oficial la citada ley, la misma entrará en vigencia inmediatamente.

Con respecto a Comerso, aseveró que estaba muy adelantada la normativa que elabora el Ejecutivo nacional, con un perfil ya diseñado, además de la dotación de infraestructura con la declaratoria de utilidad pública  tanto de las instalaciones de Éxito y del centro comercial antes citado.

Fuente: Prensa Asamblea Nacional

El artículo 131 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Ambiente de Trabajo, establece que el Ministerio Público creará Fiscalías Especiales con competencia nacional en materia de Salud y Seguridad Laboral. Establece una pena de 8 a 10 años de prisión para aquel que viole la normativa en materia de seguridad industrial y salud en el trabajo. Igualmente en el referido cuerpo normativo se establece que en caso de la muerte de un trabajador o trabajadora como consecuencia de violaciones graves, o muy graves, de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador o empleadora serán sancionados con cárcel.

La Fiscalía Nacional en Salud y Seguridad Laboral será la instancia del Poder Público Nacional que se encargará de investigar todos los casos donde trabajadores y trabajadoras resulten lesionados o pierdan la vida en sus centros de trabajo, y de esta manera iniciar procesos judiciales que determinen imputaciones y sanciones penales de los tribunales.

Durante una primera etapa, los actuales Fiscales Superiores de todas las entidades del país estarán facultados para realizar investigaciones en dicha materia y determinar responsabilidades de carácter penal, inclusive con prisión de ocho a diez años para el empleador o empleadores (tal y como lo establece la Lopcymat en su Artículo 131). Paralelamente, los Fiscales Especiales y Superiores tendrán la función de brindar atención a los trabajadores, al igual que a sus familiares, que resulten víctimas de accidentes graves y mortales en los centros de trabajo.

Los funcionarios del Ministerio Público investigarán los casos de accidentes mortales y enfermedades ocupacionales y realizarán imputaciones contra empleadores que incumplan la Lopcymat.

Fuente:

http://www.inpsasel.gov.ve/moo_news/Prensa_397.html

La información la dio a conocer la diputada Marelis Pérez Marcano, presidenta de la Comisión de Familia, Mujer y Juventud, instancia que se instaló este miércoles, donde fue ratificada su directiva y todos sus integrantes. La parlamentaria manifestó, por otro lado, que la comisión tiene como reto que se apruebe, en segunda discusión, la Ley de Protección a las Amas de Casa.

Esta ley –recalcó- es de una altísima significación, ya que contempla la inclusión social de mujeres que le han dedicado toda su vida al hogar. Es un compromiso histórico no sólo con las mujeres de Venezuela, sino también las del mundo, quienes durante años han solicitado reconocimiento al trabajo doméstico.

Pérez Marcano dijo, que también seguirán trabajando con la Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género, asimismo, plantearán una ley de prohibición de la trata y prostitución de personas.

Este, dijo, es un compromiso que tiene el Estado venezolano con las Naciones Unidas en el marco de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), instancia que hace seguimiento a todos los estados que la integran al cumplimiento de los compromisos.

Añadió, que evaluarán la posibilidad a una reforma a la LOPNA para incorporar lo relativo a los derechos de las niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas, propuesta presentada por la diputada Nohelí Pocaterra, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas.

Refirió que el año pasado propusieron junto con la Comisión de Desarrollo Económico la conveniencia de que se elabore una Ley de Economía Familiar. “Por ello vamos a revisar la posibilidad de una reforma a la Ley de Economía Popular, aprobada vía Habilitante”.

Agregó que son muchos hogares que se sostienen sobre la base de la economía familiar, no de pequeñas industrias, de pequeños comercios, sino en términos de esa producción que nace del trabajo doméstico.

Asimismo, se revisará la Ley de Pequeña y Mediana Empresa para fortalecer lo que tiene que ver con la economía de la familia.

En torno al proyecto que presentó el TSJ sobre Patrimonio Familiar, dijo que “es interesante y está centrada en la vivienda como patrimonio familiar”.

Como ya existe una Ley de Protección a la Familia, la Paternidad y la Maternidad, y en la misma está el área de vivienda, “también vamos a plantearla reforma a la ley, fortaleciendo la propuesta del TSJ en torno a que la vivienda sea considerada patrimonio familiar”.

Marelis Pérez no cree que por ser este un año electoral el rendimiento de la comisión disminuya, al contrario “los diputados vemos cómo combinamos el trabajo parlamentario con el trabajo electoral, la idea es tener un rendimiento óptimo”.

El señalamiento lo hizo en el programa de televisión, Asamblea Viva, donde destacó que una de las novedades de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia contempla que los suplentes se eligen por un lapso de cuatro años en lugar de dos años. “Hacer esa elección cada dos años no es conveniente ya que es un proceso engorroso”. Asimismo, algunas normas se adaptan a algunas jurisprudencias, “el proyecto lo que busca es sistematizar la ley actual”.

Invitó a todas las personas interesadas en la materia, abogados, jueces, estudiantes de derecho, entre otros, a que asistan y presenten sus propuestas por escrito a la comisión en el piso 3 del edificio “José María Vargas”, esquina Pajaritos, o bien exponerla durante la jornada de consulta.

Ratificó  que también tienen como  prioridad el  nuevo Código Penal y se mostró optimista de que este instrumento se apruebe este año a pesar de que reconoce que  es “una empresa muy ambiciosa”.

Se han planteado enfoques fundamentales, entre ellos buscar que la justicia sea más expedita, más eficaz, ya que en el proceso se presentan nudos que obstaculizan la administración de esa justicia, otro es lo referente a la impunidad y se establecen normas que garanticen que no haya impunidad y que el proceso se realice con mayor celeridad.

Agregó que la importancia del nuevo Código Penal es que éste se pondría a tono con la Constitución Nacional y de los nuevos tiempos ya que el que existe data del siglo pasado.

También se planea aprobar la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,  esta norma es muy importante y de acuerdo con las observaciones que  ha hecho la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) nos damos cuenta  que es  muy complicada.

Reconoce que existe un compromiso de presentarla, próximamente, a la plenaria para su segunda discusión, el proyecto está bien avanzado.

En cuanto a la propuesta de incluir en agenda el Proyecto de Ley  Orgánica Contra Delincuencia Organizada resaltó  que esperan que la ONA envíe a la Comisión  el papel de trabajo tal como lo anunció.

Dijo que la agenda está condicionada a lo que decida la Comisión Coordinadora como materia para este periodo legislativo.

Reiteró que fue exitosa la reunión que sostuviera un grupo de diputados con magistrados del  Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  entre ellos la presidenta Luisa Estella Morales, en el marco de instalación del periodo de sesiones  2010 de la Asamblea Nacional.

En conversación con los periodistas durante la mañana de este martes, la parlamentaria informó  que las medidas anunciadas por el presidente Hugo Chávez están dirigidas a lograr un equilibrio  en la variación  de índices de precios de los bienes y servicios, y no a cubrir déficit fiscal, tal como lo han venido señalando dirigentes de la oposición.   Precisó, que el Gabinete Económico vienen analizando los diferentes escenarios económicos, y como es costumbre, para el mes de mayo se harán los anuncios correspondientes en cuanto al salario de los trabajadores.  

Asimismo, reiteró que se mantendrá la meta de crecimiento establecida en el Presupuesto de este año  en 0.5 %, y negó que las cifras de inflación alcance los niveles previstos por sectores de la oposición.  

Manifestó que los anuncios realizados por el Jefe del Estado venezolano están dirigidos esencialmente a lograr una reactivación de la economía, con especial énfasis en producción de alimentos, así como en el sector industrial, manufacturero y textil.  

Otro aspecto beneficioso es la reorientación del  turismo externo al ámbito nacional, debido que resultará más atractivo la recreación en los destinos venezolanos que los viajes a otras naciones.  

Asimismo, informó que mantienen reuniones constantes con el Ejecutivo nacional para buscar una vía que permita la regulación del Banco Central de Venezuela en el mercado permuta, así como el establecimiento de una agenda legislativa para darle viabilidad al ajuste realizado.  

Explicó que aun cuando el BCV regula este mercado, es necesario darle rango legal, debido a que la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios no lo permite. Sin embargo, aclaró que aún no tienen los mecanismos correspondientes y por ello tienen previsto reunirse con Cadivi, el Parlamento y el ente emisor.  

Insistió en la importancia de la vigencia de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, porque es necesario normar la utilización del dólar.   

Por otra parte, destacó la importancia de la creación del Fondo Bicentenario para la Exportación, con el objeto de impulsar e incentivar la economía productiva nacional.   

Concluyó informando, que para evitar la especulación y usura de los productos, el Ejecutivo nacional tomó las medidas correspondientes a través de Indepabis. “No se justifica un ajuste de precios en productos que fueron adquiridos con dólares otorgados a 2.15”, resaltó.

Fuente: Prensa Asamblea Nacional

Por otra parte, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social tiene bajo su adscripción los entes que ejecutan políticas públicas en el las áreas de protección social, salud integral, formación comunal, y participación y economía comunal.

No obstante lo anterior y sin perjuicio de la idoneidad que tuvo la creación de dicho instituto en su oportunidad, se plantea la necesidad de ejecutar la supresión y liquidación de dicho instituto, puesto que su funcionamiento colisiona con cada una de las competencias que están siendo ejecutadas de forma exclusiva por cada uno de los entes vinculados a este órgano ministerial.

Por tal motivo, se establecen estas disposiciones como parte del esfuerzo por dotar al Estado revolucionario de una política integral de ejecución de sus planes y transformar de forma progresiva su estructura a fin de contribuir significativamente en la construcción del modelo constitucional y socialista para todos y todas las venezolanas.

En torno a esta ley, el diputado Andrés Eloy Méndez destacó  algunos elementos que el país debe conocer. En el caso de los trabajadores  dijo que se les garantiza a quienes cumplan los requisitos, el derecho a ser pensionados y jubilados, conforme a lo que plantean las leyes del trabajo. Además, la Junta Liquidadora cancelará el régimen prestacional y transferirá el personal que quede a organismos con competencias similares, garantizándose de esta manera todos los derechos de los recursos humanos. “Ni los que se van a jubilar, ni los que sean transferidos o sean liquidados, quedarán desamparados en los derechos que les atribuye la ley”.

Destacó  otros puntos importantes e indicó que  las deudas, los activos, los muebles e inmuebles serán cancelados en el periodo previsto para la liquidación. Si quedase pendiente alguna deuda con contratistas o proveedores, se enterará al Tesoro de la República que responderá de acuerdo con la ley.

También intervino la diputada Pastora Medina, quien reflexionó sobre la eliminación de una cantidad de instituciones del Estado y pidió garantizar la estabilidad laboral a los trabajadores del Fondo Único Social.

La situación en torno a los trabajadores generó un largo debate ante la inquietud de los parlamentarios sobre sus derechos laborales. Se propuso que el tema quede claramente establecido en el informe para segunda discusión.

Finalmente, el diputado Wilfredo González señaló que se establece claramente lo que pasará con los trabajadores de la institución. Precisó que la Junta Liquidadora presentará un informe de la situación tanto de los trabajadores como del instituto.

La ley crea una Junta Liquidadora y establece que el proceso de supresión y liquidación del Instituto Autónomo Fondo Único Social será ejecutado en un lapso de dos meses contados a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

La ley fue remitida a la Comisión de Finanzas a los fines de la elaboración del informe para segunda discusión.

La ley profundiza en la competencia nacional, en todos los aspectos relacionados con el trazado de políticas públicas y directrices sobre el manejo de residuos y desechos sólidos, la supervisión, la fiscalización y sanción en la sede administrativa, de las actividades realizadas en contravención de la normativa técnica sobre la materia. La ley crea una Superintendencia Nacional de Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos, bajo la figura de Instituto Público Nacional, instancia a la cual se le asignan competencias para supervisar, fiscalizar, sancionar en todas las fases del manejo de los residuos y desechos sólidos, a nivel nacional; asimismo se le adjudican funciones en la formulación de políticas públicas sobre la materia y facultades para la contratación y ejecución de obras destinadas a servir como rellenos sanitarios.

Otra innovación del proyecto de ley que se propone es la labor preventiva y cautelar, en aplicación de los principios de gestión ambiental establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente (2006) y en derecho ambiental internacional para evitar el daño al ambiente o la salud. En tal sentido, se consagra la restricción a la generación de residuos y desechos sólidos incluyendo la regulación de las acciones previas a la generación de los residuos y desechos, tanto por incentivos a la reutilización, recarga, retorno y biodegradabilidad de los materiales que conforman los envases o envoltorios en forma general, empaques, envoltorios y recipientes, como por la restricción de los que tengan ciclos de vida o desechables, especialmente si son productos de consumo masivo inmediato. Con ello se encaminan acciones directas sobre las causas del problema y no solo sobre sus efectos, como hasta ahora.

Las regulaciones incorporadas a la ley permiten combatir las prácticas frecuentes de importar desechos indirectamente, muchas veces de naturaleza peligrosa como las baterías de juguetes, envases con polímeros o pigmentos peligrosos, vidrios mezclados con polímeros o minerales que los hacen no reciclables.

En el mismo orden de ideas sobre la prevención, se incorpora un título específico para fomentar la formación de conciencia ciudadana ambientalista y de consumo con responsabilidad ambiental, a través de la educación de manera de incidir en la modificación de los hábitos de consumo, y al mismo tiempo lograr actuar en su rol de contraloría social de manera de allanar el camino hacia la participación protagónica de la ciudadanía.

El proyecto contiene un conjunto sistemático de normas, con relación a la utilización de tecnologías aplicadas a la disposición final, al estudio de factibilidad de las mismas y al aval que requieren para ser ofertadas públicamente en el país; se definen las conductas y obligaciones a cargo de los generadores, prestadores de servicios y usuarios, con las respectivas sanciones pecuniarias y corporales, que conllevan el incumplimiento de aquellas.

Se establecen disposiciones sancionatorias, en las cuales se incluye la obligatoriedad de reparación del daño causado al ambiente o la salud, la limpieza y el ornato público, para lo cual será taxativamente exigida la responsabilidad civil que garantice tales reparaciones o restauraciones ambientales.

El diputado Luis Sánchez inició el debate  y señaló que esta ley tiene una alta prioridad en momentos en que el mundo a nivel mundial enfrenta uno de los grandes problemas a nivel ambiental como es el manejo de los desechos sólidos. Se refirió al efecto invernadero que coadyuva en  este problema así como el incremento de la población mundial.

Se refirió a la problemática de los rellenos sanitarios y refirió que el proyecto de ley nació en 2009 y se elaboró con la participación activa de entes públicos y privados.

Intervino, igualmente, el diputado Juan José Molina, quien reconoció el trabajo realizado por la Comisión de Ambiente y abordó a lo largo de su discurso el problema ecológico y lo relacionado con el manejo de los desechos sólidos.

Tomó la palabra, seguidamente, el diputado Manuel Villalba, quien indicó que la problemática trasciende nuestras fronteras  y se pronunció por la participación popular y la incorporación de las comunidades en la solución del problema de la basura. Finalmente, felicitó a la Comisión de Ambiente por el trabajo realizado.

El diputado Arcadio Montiel sostuvo que la ley dará respuesta a la gran calamidad que vive la Nación. Lamentó que personas que deambulan en el centro de Caracas rompan las bolsas de basura y agraven el problema. Pidió respuestas sociales y un cambio en la disposición de desechos por parte de quienes habitan en las edificaciones y comercios.

Fuente: Asamblea Nacional.

En cuanto a los instrumentos legales en materia petrolera destacó que los mismos han sido analizados tomando en cuenta la plena soberanía petrolera que caracteriza el Gobierno Bolivariano. “Con estos logros lo que hacemos es reafirmar que lo que venia haciendo la cuarta república en materia petrolera , la cual solo iba en beneficio de las transnacionales”, dijo el diputado Graterol. Igualmente esta Comisión Permanente elaboró, consultó y elevó, en el Pleno, la Ley de Petroquímica ya sancionadas. Para el próximo período legislativo esta Instancia continuara con la consulta y debate del proyecto de Reforma de la Ley de Minas. En torno a este último instrumento el parlamentario informó que los miembros de este espacio legislativo le han hecho seguimiento a la situación que transita las Empresas Básicas.

En este sentido dijo que el exdiputado Ángel Rodríguez, cuando presidía esta Comisión, impulso varias visitas en las empresas básicas. Y las propuestas finales fueron elevadas al ejecutivo, y muchas de ellas se ejecutaron.

En torno al balance de gestión de este período parlamentario el diputado Graterol notificó que la Subcomisión de Energía Eléctrica esta en la fase de revisión del proyecto de reforma Ley del Sistema Eléctrico Nacional. En este sentido el parlamentario aseguró que en la agenda de trabajo del próximo período se reunirán con los asesores de la Comisión  y con el ministro de Electricidad, Ángel Rodríguez para analizar el articulado de este instrumento jurídico. “La intención es elaborar una ley que corresponda a la realidad venezolana  que es el socialismo”, dijo.

Por ultimo el diputado Jesús Graterol aseveró que también le corresponde a la Comisión de Energía y Minas revisar los convenios y acuerdos en materia energética y petrolera, y éstos lo pautaran la dinámica legislativa.

También esta Comisión se encargó de presentar dos acuerdos. El primero para la designación de nuevas áreas de exploración y explotación de hidrocarburos a la Empresa Mixta Petroquiriquire. Y un segundo para la modificación parcial de los términos y condiciones para la creación y funcionamiento de las empresas mixtas.

Además el Pleno de esta Instancia tuvo la responsabilidad de elaborar dos  Leyes Orgánicas, ambas sancionadas en la Plenaria del Parlamento. La Ley Orgánica para el desarrollo de las Actividades Petroquímicas; y la que Reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos.

“Todos estos instrumentos en pro del  ejercicio de la Plena Soberanía Petrolera”. En la que se destaca el aumento de las Regalías e ISLR petroleros, la creación del Impuesto de Extracción y la migración de los Convenios Operativos a Empresas Mixtas.

Fuente: Prensa AN

Se ordena implantar el Sistema de Gestión Financiera de los Recursos Humanos (SIGEFIRRHH) en todos los entes y organismos señalados en el artículo 6° de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

El PROMAFE implantará el SIGEFIRRHH en la Administración Descentralizada Funcionalmente y en los Estados y Municipios que manifiesten su voluntad de acogerse a dicho Sistema.

El SIGEFIRRHH tiene por objeto mejorar los niveles de eficiencia, responsabilidad y transparencia en la administración financiera de los recursos humanos, a través de la sistematización de los procedimientos administrativos.

El órgano responsable de coordinar la administración del SIGEFIRRHH es el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, a través del Programa de Modernización de la Administración Financiera del Estado (PROMAFE), el cual brindará la capacitación y asesoría a los entes y organismos de la Administración Pública. Al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo le corresponde prestar asesoría en materia de función pública.

El Programa de Modernización de la Administración Financiera del Estado (PROMAFE) conectará el SIGEFIRRHH al Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF) y a cualquier otro sistema público relacionado con la administración de los recursos humanos.

El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2010.

Fuente: Lexcomp